El proceso judicial contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara volvió a enfrentar retrasos luego de que la defensa del imputado recusara a la jueza que conoce la solicitud de medida de coerción en su contra.
La recusación fue presentada durante la audiencia en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, lo que obligó a suspender nuevamente el conocimiento del caso mientras se decide sobre la continuidad de la magistrada en el proceso.
Nuevo obstáculo en el proceso
Este incidente se suma a una serie de aplazamientos previos que han impedido conocer la medida de coerción contra el fiscal, quien es investigado por presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares de una persona vinculada a un caso bajo investigación del Ministerio Público.
Los aplazamientos anteriores habían sido justificados para garantizar el derecho de defensa del imputado, incluyendo tiempo para que sus abogados estudiaran el expediente y prepararan su estrategia legal.
Acusaciones de soborno
De acuerdo con el expediente, el fiscal habría solicitado sumas mayores de dinero a cambio de favorecer a un investigado, reduciendo posteriormente el monto hasta concretarse en los 10 mil dólares que motivaron su arresto en flagrante delito.
El Ministerio Público sostiene que existen evidencias suficientes para sustentar la acusación, mientras que la defensa insiste en que se trata de un montaje.
Medida de coerción pendiente
El órgano acusador busca que se imponga prisión preventiva como medida de coerción, en el marco de una investigación que incluye delitos como soborno, concusión y lavado de activos, según han indicado las autoridades en el proceso.
Sin embargo, la recusación de la jueza introduce un nuevo elemento que podría seguir dilatando el avance del caso, en medio de la atención pública que ha generado por tratarse de un miembro del propio sistema de justicia.
Caso bajo escrutinio público
El proceso ha despertado gran interés debido a que involucra a un fiscal del Ministerio Público, lo que refuerza el debate sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones encargadas de perseguir estos delitos.
Mientras se decide sobre la recusación, el caso continúa en pausa, a la espera de que el tribunal pueda retomar el conocimiento de la medida de coerción y definir la situación jurídica del imputado.