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En la República Dominicana, las normas que regulan los entornos escolares son claras: estos espacios deben estar libres de actividades que representen riesgos para los estudiantes. Sin embargo, la realidad evidencia una preocupante falta de control por parte de las autoridades.

Un recorrido realizado en distintas zonas del Gran Santo Domingo revela que muchas escuelas están rodeadas de negocios y situaciones que violan directamente la ley, sin que exista supervisión efectiva.  

Bancas de lotería operan sin restricciones

Una de las principales irregularidades detectadas es la presencia de bancas de lotería y apuestas a escasos metros de centros educativos, pese a que la normativa prohíbe su instalación a menos de 200 metros de escuelas, iglesias y hospitales.

Estas medidas buscan proteger a los menores de edad de desarrollar adicciones al juego, como la ludopatía. Sin embargo, en muchos casos se identificaron hasta tres bancas operando cerca de un mismo plantel, con publicidad visible y funcionamiento normal.  

De acuerdo con datos citados, en el país existen unas 71,000 bancas y alrededor de 7,800 escuelas públicas, lo que sugiere una alta concentración de estos negocios en zonas sensibles.  

Otros riesgos: combustibles, indigencia y desorden urbano

El problema no se limita a las apuestas. También se detectaron estaciones de combustible cercanas a centros educativos, lo que representa un riesgo en caso de accidentes, pese a regulaciones existentes sobre distancias mínimas.

Además, en algunos entornos escolares se observa la presencia de personas en condición de calle que utilizan los alrededores como refugio, lo que genera preocupación por la seguridad de los estudiantes, especialmente cuando hay consumo de sustancias o problemas de salud mental involucrados.  

A esto se suma el deterioro del entorno físico, con aceras llenas de basura o en mal estado, dificultando el acceso seguro a las escuelas.

Falta de acción de las autoridades

A pesar de múltiples denuncias, representantes del sector aseguran que las autoridades no han tomado medidas efectivas para corregir estas irregularidades.

Incluso organizaciones vinculadas al sector de bancas han señalado que han presentado numerosas quejas formales sin obtener respuestas concretas, lo que refleja un problema de fiscalización e inacción institucional.

Un problema que afecta directamente a los estudiantes

La situación pone en evidencia una contradicción: aunque existen leyes diseñadas para proteger a los niños y adolescentes, su incumplimiento convierte los entornos escolares en espacios vulnerables.

Más allá de la educación dentro de las aulas, el contexto que rodea a los estudiantes también influye en su desarrollo, seguridad y bienestar.