Organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunciaron que, a casi tres años de la promulgación de la Ley 34-23, el Estado dominicano aún no ha cumplido con varios de los compromisos fundamentales establecidos en la normativa, lo que continúa afectando a miles de familias en todo el país.
La denuncia fue realizada por la Mesa de Diálogo por el Autismo, que señaló que persisten importantes retrasos en la implementación de medidas contempladas por la ley, entre ellas la asignación de recursos específicos, la creación de un registro nacional actualizado de personas con autismo y el desarrollo de programas permanentes de formación para profesionales especializados.
Aunque el Gobierno emitió en julio de 2024 el reglamento de aplicación mediante el Decreto 403-24, organizaciones y familiares consideran que la puesta en marcha de la legislación sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades de la población con TEA.
La Ley 34-23 fue promulgada el 5 de junio de 2023 con el propósito de garantizar la atención, inclusión y protección de las personas con autismo, estableciendo derechos relacionados con el acceso a la salud, educación inclusiva, seguridad social, inserción laboral y programas de apoyo especializados.
Entre las principales preocupaciones expresadas por las familias figuran los altos costos de terapias y tratamientos, las dificultades para acceder a servicios especializados y los obstáculos que aún enfrentan muchos niños y jóvenes para integrarse plenamente al sistema educativo.
Representantes de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades para acelerar la ejecución de las disposiciones pendientes y garantizar que los derechos reconocidos por la ley se traduzcan en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.