Santo Domingo. El presidente Luis Abinader promulgó la nueva ley recaudatoria apenas horas después de que fuera aprobada por el Congreso Nacional, convirtiéndola oficialmente en una normativa vigente destinada a incrementar los ingresos fiscales del Estado dominicano.
La pieza legislativa fue conocida y aprobada en tiempo récord por ambas cámaras legislativas. El Senado dio su visto bueno al proyecto apenas cinco días después de recibirlo, mientras que la Cámara de Diputados también lo sancionó en una sesión posterior, permitiendo que fuera enviada de inmediato al Poder Ejecutivo para su promulgación.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva legislación tiene como objetivo aumentar las recaudaciones del Estado entre RD$60,000 millones y RD$70,000 millones anuales, equivalentes a cerca del 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los recursos obtenidos serían destinados al fortalecimiento de programas sociales, inversiones públicas y sostenibilidad fiscal.
El Gobierno ha defendido la iniciativa argumentando que permitirá mejorar la capacidad financiera del Estado y garantizar recursos para áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura. Asimismo, sostiene que la medida forma parte de una estrategia para mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas.
Sin embargo, la aprobación de la ley ha generado debates entre distintos sectores políticos y económicos. Legisladores de oposición expresaron reservas sobre algunos aspectos de la normativa y votaron en contra durante las discusiones en el Congreso, alegando posibles efectos sobre determinados sectores productivos y contribuyentes.
La rápida promulgación por parte del Poder Ejecutivo evidencia el interés del Gobierno en poner en marcha cuanto antes las nuevas disposiciones fiscales contenidas en la ley. Con su publicación oficial, las autoridades iniciarán el proceso de aplicación de las medidas contempladas en la normativa.
La legislación se convierte en una de las iniciativas económicas más relevantes impulsadas por la administración de Abinader durante 2026 y marca un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la necesidad de aumentar los ingresos tributarios para financiar el desarrollo del país.