Santo Domingo, RD. – Las personas que incurran en fraude eléctrico en República Dominicana podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación que regula el sector eléctrico nacional.
La Ley 186-07, que modifica la Ley General de Electricidad, establece mecanismos para sancionar las prácticas relacionadas con el robo de energía y otras formas de fraude eléctrico. La normativa califica estas acciones como un delito de acción pública, lo que permite que las autoridades competentes puedan perseguirlas conforme al procedimiento establecido por la ley.
El fraude eléctrico puede involucrar distintas prácticas destinadas a alterar el consumo real de energía, manipular las instalaciones o realizar conexiones irregulares con el propósito de evitar el pago correspondiente por el servicio.
Las autoridades han mantenido el llamado a los usuarios a utilizar el servicio eléctrico de manera legal y a evitar cualquier modificación no autorizada de las instalaciones, debido a las consecuencias legales que pueden derivarse de estas acciones.
Además de representar una pérdida económica para las empresas distribuidoras, el fraude eléctrico constituye un problema que afecta el funcionamiento del sistema energético y puede generar riesgos para la seguridad de las personas, especialmente cuando se realizan conexiones clandestinas o manipulaciones de las redes.
La legislación contempla sanciones severas como parte de los esfuerzos para combatir estas prácticas y fortalecer la seguridad y sostenibilidad del sistema eléctrico dominicano.
El tema cobra especial relevancia ante la necesidad de reducir las pérdidas del sistema eléctrico y promover una cultura de cumplimiento de las normas entre los usuarios del servicio.
Fuente: Listín Diario. Leer información original en Listín Diario