Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, que establece nuevas obligaciones para los dominicanos que reciban financiamiento del Estado para realizar estudios superiores en el extranjero.
La iniciativa contempla que los beneficiarios deberán regresar a República Dominicana una vez concluyan sus estudios y permanecer en el territorio nacional durante un período de entre dos y cinco años, con el propósito de aportar sus conocimientos al desarrollo del país.
En caso de que un becario decida no retornar al país y no cumpla con el compromiso establecido, tendría que devolver al Poder Ejecutivo una proporción o la totalidad de los recursos económicos utilizados para financiar sus estudios. Además, podrían aplicarse las acciones civiles o penales correspondientes, dependiendo de las circunstancias.
Buscan que la inversión estatal beneficie al país
El proyecto, propuesto por el diputado José Manuel Caraballo Gómez, procura establecer un sistema nacional que permita organizar la asignación de becas y vincular la formación de los beneficiarios con las necesidades productivas y laborales de República Dominicana.
La propuesta plantea que el compromiso de regresar al país responde al principio de reciprocidad social, debido a que los estudios son financiados con recursos públicos.
El sistema también busca identificar las áreas profesionales que requieren mayor cantidad de especialistas, para orientar las becas hacia sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Sanciones para quienes cometan irregularidades
La iniciativa establece diferentes consecuencias para los beneficiarios que incumplan las condiciones del programa.
Entre las infracciones consideradas más graves se encuentran la presentación de documentos falsos o adulterados, la manipulación de registros y el uso fraudulento o desvío de los recursos asignados.
En estos casos, el beneficiario podría perder definitivamente la beca, ser obligado a reintegrar la totalidad del dinero recibido, quedar inhabilitado para solicitar nuevas becas por hasta 10 años y ser remitido al Ministerio Público cuando existan indicios de responsabilidad penal.
También contempla sanciones para funcionarios
El proyecto establece responsabilidades para funcionarios que incurran en tráfico de influencias, favoritismo o asignación irregular de becas.
De comprobarse estas actuaciones, podrían enfrentar destitución e inhabilitación, además de las sanciones contempladas en las leyes dominicanas relacionadas con la función pública y otras materias.
Mayor transparencia en la entrega de becas
La propuesta contempla la creación de un Portal Único de Becas (PUBE), mediante el cual se concentrarían las convocatorias, requisitos y resultados de los distintos programas.
También se plantea que el Consejo Nacional de Becas publique anualmente información sobre las becas adjudicadas, los montos entregados y las regiones beneficiadas.
El proyecto incluye, además, criterios para favorecer a estudiantes de zonas rurales, territorios con mayor rezago social y dominicanos residentes en el exterior.
La iniciativa pasa al Senado
Después de recibir la aprobación de los diputados en segunda lectura, el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral deberá ser conocido por el Senado de la República.
De ser aprobado por la Cámara Alta y posteriormente promulgado, establecería un nuevo marco para la administración de las becas financiadas por el Estado y reforzaría el compromiso de los beneficiarios de poner sus conocimientos al servicio del desarrollo nacional.