El proceso de apelación relacionado con la sentencia emitida contra Alexis Medina Sánchez en el caso Antipulpo permanece estancado a casi diez meses de haberse dictado la condena en primera instancia, situación que mantiene en pausa una de las causas de corrupción más relevantes de los últimos años en República Dominicana.
De acuerdo con informaciones judiciales, el expediente aún no ha sido remitido a la instancia correspondiente para el conocimiento de los recursos de apelación, debido a que continúa retenido en la secretaría del tribunal que conoció el juicio de fondo. Esta demora ha impedido que la Corte de Apelación inicie el análisis de las impugnaciones presentadas tanto por la defensa como por el Ministerio Público.
Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de varios delitos vinculados a corrupción administrativa, lavado de activos, asociación de malhechores y otras infracciones relacionadas con el entramado investigado en la Operación Antipulpo. La sentencia fue emitida en agosto de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Posteriormente, la defensa del empresario presentó un recurso de apelación buscando la revocación de la condena, mientras que el Ministerio Público también recurrió la decisión al considerar insuficiente la pena impuesta, solicitando que sea aumentada a 20 años de prisión.
La paralización del expediente ha generado preocupación entre los actores involucrados en el proceso, debido a que retrasa la posibilidad de que una instancia superior revise la sentencia y determine si esta debe ser confirmada, modificada o anulada.
El caso Antipulpo se convirtió en uno de los mayores expedientes de presunta corrupción administrativa investigados en el país, involucrando a exfuncionarios, empresarios y empresas señaladas por alegadamente beneficiarse de contratos irregulares con instituciones estatales durante varios años.
Mientras el proceso continúa en espera de avanzar a la fase de apelación, el desenlace definitivo del caso sigue pendiente de una revisión judicial que podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas en el país.