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Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader promulgó una ley que elimina las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano, una decisión que ha generado controversia al ignorar recomendaciones previas del Tribunal Constitucional.

La normativa, promulgada el pasado 26 de marzo, deroga varios artículos de la Ley 20-23 del Régimen Electoral que regulaban este mecanismo de participación política. 

📜 Choque con el Tribunal Constitucional

El conflicto surge a raíz de la sentencia TC/0788/2024, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones que limitaban la participación electoral de ciudadanos fuera de los partidos políticos. 

En ese fallo, la alta corte recomendó permitir las candidaturas independientes a través de agrupaciones cívicas, eliminando la obligatoriedad de estar afiliado a un partido. 

Sin embargo, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo optaron por un camino distinto: eliminar completamente esta figura del sistema electoral.

🏛️ Solo partidos podrán postular candidatos

Con la nueva ley, las postulaciones a cargos de elección popular quedan reservadas exclusivamente a:

Partidos políticos Agrupaciones políticas Movimientos políticos

Esto refuerza el modelo tradicional del sistema dominicano, donde los partidos son el eje central de la participación electoral. 

⚠️ Argumentos para su eliminación

El proyecto, impulsado por el senador Rogelio Genao, sostiene que mantener las candidaturas independientes podría generar “dificultades y contrariedades” en el sistema político dominicano. 

Además, se argumenta que permitir este tipo de postulaciones requeriría una reforma constitucional, ya que la Carta Magna establece a los partidos como los canales principales de participación política. 

🔍 Debate abierto

La decisión ha reavivado el debate sobre la democracia y la participación ciudadana en el país:

Por un lado, sectores políticos defienden la medida como una forma de mantener el orden institucional. Por otro, críticos consideran que se limita el derecho de los ciudadanos a aspirar a cargos públicos sin depender de estructuras partidarias.