Santo Domingo. El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la investigación sobre el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continúa avanzando y que las evidencias recopiladas apuntan a que la denominada versión 2.0 del caso podría no ser la última fase del proceso judicial.
Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, Camacho señaló que los fiscales siguen trabajando intensamente en el expediente y que las investigaciones han permitido identificar nuevas líneas de acción. En ese contexto, expresó que están convencidos de que una eventual “versión 2.0” del caso no sería suficiente para abarcar todas las responsabilidades que podrían surgir conforme avancen las pesquisas.
El funcionario recordó que el Ministerio Público ha sostenido desde el inicio del proceso que todas las personas vinculadas al presunto entramado de corrupción deberán responder ante la justicia, independientemente de su posición o nivel de participación. Asimismo, reiteró que el caso permanece abierto y que se continúa recopilando evidencia para fortalecer futuras acciones judiciales.
Camacho también indicó que varias personas se han acercado a las autoridades con interés en explorar posibles acuerdos de colaboración, aunque aclaró que cualquier decisión en ese sentido deberá evaluarse conforme a la ley y a la magnitud de los daños causados al Estado.
Las declaraciones se producen en medio de las expectativas sobre la denominada Operación Cobra 2.0, una nueva fase investigativa que el Ministerio Público viene anunciando desde principios de año y que podría incluir nuevos sometimientos y medidas judiciales contra otros involucrados.
El caso SeNaSa, considerado uno de los mayores expedientes de presunta corrupción administrativa investigados recientemente en el país, gira en torno a un supuesto esquema de fraude, desfalco y lavado de activos que habría afectado recursos de la aseguradora estatal de salud.
Según Camacho, el objetivo del Ministerio Público es llevar ante los tribunales a todas las personas que hayan participado en el entramado, por lo que no descarta que el proceso continúe ampliándose a medida que surjan nuevas pruebas y responsables.