Santo Domingo. El Congreso Nacional convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, estableciendo un nuevo esquema de contribuciones económicas que deberán realizar las empresas y entidades gubernamentales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La iniciativa ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La nueva legislación dispone que toda persona jurídica, entidad pública y otros patrimonios autónomos que reporten ingresos a la DGII deberán pagar una contribución especial obligatoria, calculada según el nivel de ingresos de cada empresa. Los recursos recaudados serán destinados al financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos sólidos.
Entre los cambios más relevantes, las microempresas con ingresos de hasta RD$5 millones pagarán RD$5,000 anuales, mientras que las empresas de mayor tamaño, con ingresos superiores a RD$2,500 millones, deberán aportar hasta RD$2.2 millones al año. El pago podrá realizarse en dos cuotas semestrales y será deducible de la renta bruta conforme al Código Tributario.
La normativa también mantiene la prohibición de importar y comercializar productos de poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Esta disposición entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley, con el objetivo de promover el uso de materiales más sostenibles.
La aprobación ha generado reacciones encontradas. Mientras legisladores defienden que la reforma permitirá fortalecer el manejo de los residuos sólidos y mejorar la infraestructura ambiental del país, organizaciones empresariales han manifestado preocupación por el aumento de la carga económica que representará para el sector privado y han pedido un mayor debate sobre la medida.