Diversos economistas consideran que la Ley 30-26, aprobada como parte del plan anticrisis impulsado por el Gobierno, está teniendo un impacto directo en el bolsillo de los dominicanos al aumentar los costos para las familias y las empresas, lo que podría traducirse en un mayor costo de vida y hacer más caro realizar transacciones y negocios en el país.
Entre las medidas más cuestionadas figura el incremento del impuesto a los cheques y las transferencias electrónicas, que pasó de 1.5 por mil a 2.0 por mil. Aunque la normativa mantiene algunas exenciones para determinadas operaciones, especialistas sostienen que el efecto acumulativo del gravamen terminará trasladándose al consumidor final mediante mayores precios de bienes y servicios.
El director ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, afirmó que la legislación tendrá un efecto negativo sobre hogares y empresas, al encarecer las actividades económicas. En tanto, el economista Andrés Dauhajre hijo calificó la ley como un “dinosaurio impositivo”, mientras que Luis Vargas consideró que la pieza podría afectar la competitividad y el crecimiento económico del país.
Los analistas también plantean que, antes de crear nuevas cargas tributarias, el Gobierno debería concentrarse en controlar el gasto público y revisar la Ley 30-26 para corregir aspectos que, a su juicio, podrían incentivar la informalidad y desestimular la inversión.