La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que respetará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto relacionado con la regulación de los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las disposiciones judiciales y el marco legal vigente.
Las declaraciones de la funcionaria se producen luego de que el TC emitiera una sentencia que afecta el mecanismo utilizado para establecer restricciones horarias a los centros de diversión y negocios autorizados para vender bebidas alcohólicas. La decisión ha generado reacciones tanto en el sector empresarial como en distintos actores vinculados a la seguridad ciudadana.
Raful explicó que el Ministerio de Interior y Policía actuará conforme a lo que establezca la alta corte y que cualquier medida futura deberá ajustarse estrictamente a la Constitución y a las competencias legales correspondientes. Asimismo, indicó que las autoridades continúan evaluando alternativas para garantizar el orden público sin vulnerar los límites constitucionales.
La ministra recordó que las regulaciones sobre expendio de bebidas alcohólicas han sido aplicadas a través de resoluciones y operativos del Cuerpo de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), los cuales, según ha sostenido la institución, buscan prevenir hechos violentos, reducir la contaminación sónica y fortalecer la seguridad en zonas de alta actividad nocturna.
El fallo del Tribunal Constitucional reabre el debate sobre la forma en que el Estado debe regular los horarios de venta de alcohol y las actividades de los centros nocturnos. Mientras sectores empresariales han celebrado la decisión por considerar que protege derechos y garantías constitucionales, otros entienden que es necesario mantener mecanismos efectivos de control para preservar la convivencia y la seguridad ciudadana.
Faride Raful reiteró que el Gobierno acatará plenamente la sentencia del TC y que cualquier nueva normativa o regulación que se adopte deberá surgir dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y las leyes de la República Dominicana.