Desde el año 2020, varias propuestas relacionadas con cambios en el sistema fiscal de República Dominicana han sido presentadas ante el Congreso Nacional, pero muchas de ellas no lograron convertirse en ley debido a la falta de consenso político, oposición de sectores económicos o el retiro de los proyectos por parte del Poder Ejecutivo.

Uno de los casos más notorios fue el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentado por el gobierno del presidente Luis Abinader en 2024. La iniciativa buscaba aumentar la recaudación del Estado mediante modificaciones en impuestos y reducción de incentivos fiscales. Sin embargo, la propuesta generó fuertes críticas de empresarios, organizaciones sociales y partidos políticos, lo que llevó al mandatario a solicitar su retiro del Congreso.

Entre los cambios planteados por esa reforma estaban la ampliación de la base tributaria, ajustes a exenciones y nuevas medidas para incrementar los ingresos públicos, con la meta de financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. La falta de respaldo social y político impidió que el proyecto avanzara en el proceso legislativo.

Además de esa propuesta, otros proyectos relacionados con el sistema tributario tampoco prosperaron. Entre ellos se encuentran iniciativas que proponían eliminar exenciones fiscales a ciertos sectores económicos o modificar incentivos existentes para actividades como el turismo, la industria o el cine, propuestas que generaron debates entre legisladores y representantes del sector privado.

En años recientes también han surgido ideas para reducir algunos impuestos, como una propuesta que planteaba bajar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta, pero estas iniciativas tampoco han logrado avanzar hasta su aprobación definitiva.

El historial de proyectos fiscales que no han prosperado refleja las dificultades para alcanzar consensos en torno a reformas tributarias en el país, un tema que suele generar intensos debates por su impacto directo en la economía, las empresas y los contribuyentes.

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