El empresario Jochy Gómez lanzó fuertes declaraciones en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, asegurando que el Gobierno tiene responsabilidad directa en la situación actual del sistema de tránsito.
Durante su intervención ante el tribunal, Gómez no solo rechazó las acusaciones en su contra, sino que también señaló que el deterioro y fallas del sistema semafórico no son atribuibles exclusivamente a su gestión, sino a acciones posteriores por parte de las autoridades.
🚦 Señalamientos sobre el caos en el tránsito
El imputado sostuvo que el caos semafórico registrado en la capital responde a intervenciones realizadas sin el conocimiento técnico adecuado, lo que habría afectado el funcionamiento del sistema instalado. Según su versión, el proyecto fue ejecutado con tecnología y equipos que continúan siendo utilizados por el Estado.
Además, aseguró que las fallas comenzaron luego de que instituciones oficiales intervinieran la red, lo que —a su juicio— provocó el deterioro del servicio.
💰 Defensa y reclamos económicos
En su defensa, Gómez afirmó que lejos de haber perjudicado al Estado, su empresa realizó inversiones superiores a los fondos recibidos. Indicó que el proyecto de modernización de semáforos implicó una inversión de más de RD$1,100 millones, pese a haber recibido un anticipo menor.
Incluso, alegó que el Estado dominicano le adeuda más de RD$800 millones, planteando dudas sobre quién realmente resultó afectado en el contrato.
⚖️ Un caso bajo la lupa judicial
El proceso forma parte de una investigación más amplia conocida como “Operación Camaleón”, en la que el Ministerio Público acusa a Gómez y a otros implicados de delitos como estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje a infraestructuras críticas vinculadas al sistema de tránsito.
Las audiencias continúan desarrollándose mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por ambas partes en un caso que ha captado la atención nacional.
🇩🇴 Impacto en la opinión pública
El caso ha generado amplio debate en la sociedad dominicana, especialmente por el impacto directo del sistema semafórico en la movilidad diaria de miles de ciudadanos. Las declaraciones de Gómez añaden un nuevo elemento de controversia, al trasladar parte de la responsabilidad hacia el Estado.