PRM somete proyecto de ley para reforzar la transparencia y frenar la infiltración del crimen en la política

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el sistema político y evitar la entrada de recursos o actores vinculados al crimen organizado en las organizaciones partidarias. 

La iniciativa fue presentada por el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ante el bloque de legisladores del PRM y posteriormente entregada a las autoridades del Congreso Nacional. El dirigente explicó que la propuesta pretende elevar los estándares de control y cumplimiento dentro de los partidos políticos del país. 

Según explicó Paliza, la reforma busca responder a los riesgos que representan las estructuras criminales para el sistema democrático. El dirigente reconoció que en distintos momentos personas vinculadas a la política han sido señaladas o investigadas por presuntos vínculos con redes ilícitas, por lo que considera necesario establecer mecanismos más rigurosos de prevención y control. 

Nuevos controles dentro de los partidos

Entre las medidas planteadas en el proyecto se incluye la implementación de programas de cumplimiento interno dentro de los partidos políticos, conocidos como “compliance partidario”. Estos sistemas buscarían prevenir delitos como el lavado de activos, la corrupción o el financiamiento ilícito en las actividades políticas. 

Asimismo, la propuesta contempla procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas. También plantea mecanismos que permitan rastrear a los aportantes y detectar posibles recursos provenientes de actividades ilegales. 

Requisitos más estrictos para aspirantes

El proyecto también introduce nuevas condiciones para quienes aspiren a cargos electivos. Entre ellas se incluye la presentación de certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio y pruebas antidopaje, además de autorizaciones para verificar la información suministrada a las autoridades partidarias. 

De igual manera, la iniciativa propone ampliar las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE) en relación con el financiamiento de los partidos y establecer sanciones en los casos en que se violen las normas de transparencia en la actividad política. 

Paliza expresó que la propuesta forma parte del compromiso de impulsar reformas que fortalezcan la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana en el sistema político dominicano.