Juristas, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores han comenzado a cuestionar el reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes de julio de 2027, alegando que la medida podría constituir un “exceso reglamentario” y entrar en conflicto con la Constitución y la Ley Electoral.
La principal crítica gira en torno a que la Ley 20-23 de Régimen Electoral solo establece una prohibición para divulgar encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que sectores jurídicos consideran que la JCE estaría creando una restricción adicional que no fue aprobada por el Congreso Nacional.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que la potestad reglamentaria de la JCE tiene límites y no puede sustituir la función legislativa. La entidad sostuvo que cualquier reglamento que afecte derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el libre acceso a la información, debe estar sustentado expresamente por la ley.
El debate también ha provocado reacciones políticas. El expresidente Danilo Medina calificó la medida como “sumamente sospechosa”, argumentando que las encuestas fueron ampliamente utilizadas durante el proceso electoral de 2024 y que ahora se intenta impedir su difusión en medio del actual escenario político.
Otros sectores, sin embargo, respaldan la disposición de la JCE al considerar que ayudaría a reducir la campaña anticipada y evitar la manipulación de la opinión pública fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña.
Expertos constitucionalistas y representantes de medios de comunicación insisten en que el debate no solo involucra a partidos políticos y encuestadoras, sino también derechos relacionados con la libertad de empresa, el ejercicio periodístico y el acceso ciudadano a información de interés público.