El proceso judicial del caso Camaleón fue suspendido tras la ausencia de uno de los acusados por motivos médicos, mientras el Ministerio Público insiste en llevar el expediente a juicio de fondo.
Santo Domingo.– La audiencia preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) fue aplazada este viernes debido a problemas de salud de uno de los imputados.
La decisión fue tomada por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud de la defensa de Mariano Gustini, ausente en la vista por una condición médica debidamente certificada.
Aplazamiento con base legal
Durante la audiencia, el tribunal evaluó los documentos médicos presentados, los cuales incluían diagnóstico, evaluación clínica y certificación formal, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.
La magistrada defendió la validez de estos documentos y cuestionó la necesidad de someterlos a una segunda evaluación médica, destacando que no existe una disposición legal que obligue a ese procedimiento.
Ante esta situación, la audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 30 de marzo, cuando se espera que continúe el conocimiento del proceso.
Un caso de presunta corrupción millonaria
El expediente forma parte de la denominada “operación Camaleón”, en la que el Ministerio Público acusa a Beras, Gómez Canaán y otros implicados de integrar una red de corrupción administrativa.
Según la acusación, el grupo habría utilizado su posición para obtener contratos irregulares vinculados al sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, generando un perjuicio económico al Estado superior a los 1,300 millones de pesos.
Empresas y entramado bajo investigación
Las autoridades también señalan la participación de varias empresas que presuntamente formaban parte del esquema, facilitando el acceso a contratos mediante acuerdos irregulares y ejecutando operaciones de lavado de activos.
En total, el Ministerio Público busca que se dicte auto de apertura a juicio contra al menos 10 personas físicas y siete entidades comerciales vinculadas al caso.
Próximos pasos
El órgano acusador, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), insiste en que existen pruebas suficientes para que el proceso avance a juicio de fondo.
Se espera que en la próxima audiencia las partes continúen con la presentación de sus argumentos, en un caso que ha captado la atención pública por su impacto en la gestión del tránsito y el uso de recursos estatales.