El presidente del Senado sometió un proyecto de ley para modificar 19 artículos del nuevo Código Penal, en medio de protestas y críticas por disposiciones que impactaban la libertad de expresión. Entre los cambios propuestos se elimina la protección especial a funcionarios en el delito de ultraje y se limita su alcance únicamente a jueces, miembros del Ministerio Público y personal judicial.
La iniciativa también reduce las penas por difamación, pasando de hasta cinco años de prisión a un rango de uno a dos años, y elimina agravantes relacionados con su difusión en medios de comunicación y plataformas digitales. Además, se establece que no serán consideradas difamatorias las opiniones o denuncias sobre actos de corrupción o el ejercicio de la función pública, siempre que estén sustentadas en pruebas.
Otros ajustes incluyen modificaciones al delito de difusión de imágenes sin consentimiento, que solo se penalizará si el contenido fue captado en un ámbito privado, así como cambios en figuras como el hostigamiento, el acoso agravado, el proxenetismo y el perjurio. El proyecto fue enviado a estudio de una comisión bicameral, mientras el Congreso mantiene abierto el proceso para recibir observaciones antes de su
eventual aprobación.